Los mapuches y la secesión territorial de la Argentina

¿Qué reclaman?

Desde hace varios años el sur argentino es objeto de sistemáticas ocupaciones y reclamos  territoriales violentos por parte de los muy promocionados mapuches, un pueblo “originario” sólo en la inventiva del Foreign Office británico. Para la reivindicación de tierras consideradas como “propias” se amparan en el artículo 75, inciso 17, de nuestra Constitución Nacional, que sostiene: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Fuertemente organizados, en la actualidad usurpan terrenos que no les pertenecen por ser  legalmente de propietarios privados, del Estado o de Parques Nacionales. Por citar tan sólo algunos ejemplos de los muchos que abundan, en la provincia de Neuquén han ocupado un hotel 5 estrellas en la localidad Villa Pehuenia; se han “instalado” en el cerro Belvedere ubicado en Villa La Angustura, como así también en la estancia Tiger Way ubicada en el lago Quillen, en el departamento Aluminé. A su vez, en la provincia de Río Negro reclaman 500  hectáreas en tierras aledañas al cerro Otto en San Carlos de Bariloche, como así también un extenso campo perteneciente a la Escuela Militar de Montaña ubicado en el Circuito Chico barilochense. Hasta llegan a cobrar peajes paralelos ilegales, invocando que están en “tierra mapuche”. Según las investigaciones, ya hay más de 400 ocupaciones de tierras ricas, y se estima que en la actualidad hay más de 120.000 mapuches en la Argentina, cerca de los cuales 80.000 residen fundamentalmente en Neuquén y en el resto de las provincias sureñas.

El origen de los mapuches

A pesar de la sistemática tergiversación historiográfica oficial, los tan promocionados  «mapuches” nunca existieron. En realidad se trata de araucanos, un pueblo guerrero proveniente de la provincia de Arauco en la República de Chile. En tal sentido, cuando en 1550 la Corona española crea la Capitanía General de Chile, algunos araucanos –ante el avance de los españoles– comienzan a emigrar cruzando la Cordillera de los Andes. La emigración fue una constante desde el siglo XVI en adelante, pero se hizo verdaderamente masiva desde el siglo XIX. Por eso nunca fueron un “pueblo originario” de nuestro actual territorio, sino unos invasores. Y mientras los araucanos llegaban a lo que hoy es Argentina, estas tierras ya estaban ocupadas por los reales pueblos originarios de la zona, los tehuelches, puelches, ranqueles y pampas, pueblos que los mismísimos araucanos, en cruentas guerras, hicieron desaparecer en un verdadero genocidio. Los hoy burdamente denominados mapuches acusan al General Julio Argentino Roca de genocida, cuando fueron sus ancestros los responsables del exterminio de los tehuelches. Por esta razón,  investigadores argentinos serios como Estanislao Zeballos, Lucio Mansilla o Manuel Prado no mencionan en sus libros a los mapuches como pueblo originario. Tampoco Juan Manuel de Rosas o el General Roca los mencionan en sus respectivas expediciones hacia el Sur.

Y en el marco de la denominada ‘Campaña del Desierto’ de 1879 encabezada por Julio Argentino Roca, General en Jefe del Ejército Argentino, el futuro presidente enfrentó precisamente a los araucanos, que ya contaban con fusiles Remington provistos desde Chile por obra y gracia de la diplomacia inglesa, a cambio de ganado criollo que era robado por los sistemáticos malones. Prueba de ello es que la columna del Ejército Nacional comandada por el Gral. Villegas tenía como objetivo clausurar y controlar los pasos andinos por donde les llegaban a los araucanos los fusiles Remington.

La Campaña de Roca estuvo destinada a integrar, a incorporar de manera efectiva el sector patagónico que por derecho histórico y político siempre nos correspondió y que estaba bajo el poder tiránico del malón araucano, cuyos frutos más notables eran el robo de ganado y de mujeres, y la provocación de incendios. En realidad, la expedición del General Roca resultó ser la primera guerra contra Chile y no una “campaña contra el indio” como vulgarmente se quiere dar a entender. Es que el 90% de la población chilena era indígena, lo que no es cosa menor ya que en definitiva nuestro país defendía la soberanía sobre una Patagonia que los caciques araucanos deseaban…. y que eran chilenos. Entonces, ¿con qué derecho los mapuches invocan en la actualidad el carácter de “pueblo originario” en el suelo argentino?

El imperialismo británico

Las falsas reivindicaciones que llevan adelante los mapuches son maniobras antinacionales  manejadas desde las mismísimas superestructuras internacionalistas, más en concreto desde el Foreign Office británico, uno de los principales bancos de cerebros del Nuevo Orden Mundial. A su vez, la “causa mapuche” es una de las grandes banderas levantadas por el marxismo internacionalista que hace del indigenismo recalcitrante una suerte de causa suprema de lucha, haciéndole siempre el juego al expansionismo plutocrático-capitalista. A ello hay que sumarle la complicidad de una clase dirigente que prácticamente convive con el reclamo mapuche y que no muestra ningún tipo de reacción seria ante tamaña problemática.

La sede mapuche se encuentra en Inglaterra, a través de la conformación de su principal ONG denominada Enlace Mapuche Internacional, ubicada en 6 Lodge Street, Bristol, Inglaterra. La dirección de la sede no podía ser más simbólica: “La sexta calle de la logia”, en clara referencia a la Masonería. Su sitio oficial en la web es www.mapuche-nation.org, un sitio que se edita en inglés, francés, alemán y español. Salvo un nombre de origen araucano, Reynaldo Mariqueo, el resto de los miembros ejecutivos de la ONG tienen nombres anglos: Watson, Melville, Stanley, McCarthy, Chambers y Harvey. Y entre sus más “ilustres” colaboradores se destaca el parisino Philippe Paul Alexandre Henry Boiry, auto-titulado «Príncipe de Araucania y Patagonia», Gran Maestre de la Masonería Francesa, descendiente del internacionalista Orélie Antoine de Tounens y de fuertes vínculos con la Banca Rothschild.

El sitio oficial de la web resalta el origen británico en la “causa” mapuche: “Enlace Mapuche Internacional o Mapuche International Link (MIL) fue fundado el 11 de mayo de 1996 en Bristol (Reino Unido). Tuvo su origen en un grupo de mapuches y europeos preocupados por la situación de las naciones y pueblos indígenas de América y concienciados por los derechos inalienables que les asisten. Esta nueva organización vino a reemplazar al Comité Exterior Mapuche (CEM), organización que venía operando internacionalmente desde enero de 1978 desde su base ubicada en la ciudad de Bristol. MIL heredó y puso en práctica los principios y objetivos del CEM con la firme determinación de contribuir a la lucha de los pueblos indígenas para lograr mayores niveles de autonomía y libre determinación en sus procesos de desarrollo. La creación de esta nueva organización se enmarcó dentro del programa de las Naciones Unidas conocido como ‘Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas’ del Mundo (1995 a 2004), cuyo objetivo fue promover y proteger a nivel mundial el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en cuestiones tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la salud, la cultura y la educación”.

Sin lugar a dudas, el gran objetivo es la conformación del “Estado Mapuche” dentro de la actual Patagonia argentino-chilena. Inclusive se difunde impunemente, y ante la total  indiferencia de funcionarios provinciales y del Gobierno Nacional, el mapa de la ‘Nación Mapu’, que va desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, que toma la 9ª y la 10ª región sureña de Chile y prácticamente un 30% del territorio argentino. Así lo sostiene también su sitio web: “La Nación Mapuche está ubicada en el sur de los territorios que hoy ocupan los estados de Chile y Argentina. Hace un poco más de 130 años su territorio ancestral, y el de otros pueblos originarios aliados, se extendía desde el sur del río Bio-Bio (Chile) hasta el extremo austral del continente, y en Argentina desde los ríos Colorado y Salado hasta el estrecho de Magallanes”.

Conclusión

Con el establecimiento del “Estado Mapuche”, alentado por el Foreign Office, la Masonería Internacional y el marxismo cultural, lo que se busca en el fondo es fracturar el territorio de la República Argentina en aras del geoestratégico expansionismo británico. El Reino Unido tiene vitales intereses geopolíticos en el Atlántico Sur, razón por la que, gracias a su poderío atómico y al de la OTAN, usurpa las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, con proyección hacia nuestro sector antártico.

En nuestro país los araucanos –artificialmente denominados mapuches–, no sólo invadieron el sur argentino desde el siglo XVI sino que exterminaron a nuestros tehuelches patagónicos. En la actualidad reclaman tierras que no les pertenecen y desconocen nuestra integridad territorial como país soberano. El problema es más serio de lo que parece, está en juego nada más ni nada menos que nuestro patrimonio territorial. Por eso hoy más que nunca hace falta un gobierno auténticamente Nacionalista que ponga fin a la inoperancia -cuando no la indiferencia– de los diferentes gobiernos locales de turno. Tomemos real conciencia del peligro mapuche en nuestra Patria, de cómo los poderes mundiales operan entre bastidores en claro perjuicio del Destino Nacional. ¡Argentina Despierta!

Artículo publicado en el Periódico Bandera Nº 11 (Agosto 2016)

Eliminación de retenciones mineras: una medida antinacional

Compartimos este informe especial publicado en la edición número 7 de Bandera (correspondiente a Abril 2016) donde se explica las razones por las cuales el Nacionalismo rechaza no sólo la eliminación a las retenciones a la actividad minera, sino también un análisis sobre cómo debe regularse la actividad desde una perspectiva patriota.

El decreto del gobierno nacional que eliminó las retenciones a las exportaciones mineras provocó que el Estado pierda el ingreso de unos 220 millones de dólares a sus arcas, y naturalmente esta medida generó una fuerte polémica. La Casa Rosada justificó la medida a partir de considerar que las retenciones “desincentivaban las inversiones”, invocando la pérdida de competitividad de las pymes, y alegando una potencial caída de puestos de trabajo. El macrismo también sostuvo “que la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”. Luego aludió al “federalismo”, a la reactivación de la economía y a la prosperidad del país. Todo verso, todo mentira.

El decreto es concretamente el 349/2016 y fue publicado en el Boletín Oficial el 15 de febrero pasado. En uno de sus primeros párrafos inventa una rara interpretación en su fundamentación. Según el diagnóstico macrista, las retenciones afectaron seriamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Claramente esta idea se basa en la necesidad de alivianar las críticas que se aprestaban a recibir. En un momento donde las economías regionales claman a gritos soluciones inmediatas para el sector, en la misma semana donde se conoció que en el Alto Valle de Río Negro tuvieron que tirar miles de kilos de peras, un buen justificativo fue relacionar la quita de las retenciones con los pequeños productores. Ni siquiera las declamaciones de ciertos sectores aliados del radicalismo y del massismo lograron frenar las nuevas definiciones políticas en materia de minería.

La decisión de Mauricio Macri es una extraordinaria transferencia de ingresos a las empresas trasnacionales, ya que reducirán en un 8% los costos y a su vez el Estado Nacional dejará de recaudar U$S 223 millones por la eliminación de las retenciones. Independientemente de la recaudación que deja de percibir el país, más importante aún es la pérdida de soberanía a la que nos somete el gobierno actual.

Como es natural, se abrió un amplio debate sobre las verdaderas razones de la toma de esta decisión. No hay ninguna duda que este gobierno está mediando para los más poderosos y deja de lado a los sectores medios y a los más humildes. Llama la atención que el macrismo termine siendo una continuación y profundización del modelo kirchnerista en muchos aspectos, y especialmente en este rubro de la minería, donde la ex presidente Cristina Kirchner hizo tanto para ayudar a sus aliados de la Barrick Gold y otras corporaciones extranjeras.

La eliminación de las retenciones termina siendo un “premio” a quienes han contaminado los ríos, como por ejemplo el derrame de cianuro que ocurrió el pasado septiembre en la cuenca del Río Jáchal, en la provincia de San Juan, por las excavaciones ya efectuadas por Barrick Gold. Un estudio técnico sobre el agua del río detectó contaminación con metales en dosis de hasta 1.400% por encima de los valores tolerables y este hecho fue reconocido incluso por la Secretaría de Medioambiente de la Nación, actualmente encabezada por el rabino Sergio Bergman, que de medioambiente no entiende nada. Además, viene a ser la coronación del paquete de leyes coloniales vigente en la Argentina -que fue votado en la década del ’90, durante la presidencia de Carlos Menem, y al que todas las provincias han adherido mediante el Acuerdo Federal Minero– el cual cede a las empresas beneficios exclusivos que no gozan otras ramas de la industria, como la agricultura y la ganadería.

El colmo de los colmos es que el Código de Minería, sancionado en 1886 por la despótica y cipaya “Generación del ‘80” del siglo XIX, ordena que el Estado tiene prohibido realizar actividades de explotación minera dentro del territorio nacional, ya que dispone que es un derecho otorgado “a perpetuidad” y en forma exclusiva a particulares, que siempre resultaron ser empresas anglosajonas. Otra de las restricciones impuestas por el código liberal es que si bien el Estado puede hacer la investigación geológica y los estudios de factibilidad de explotación, en el caso de hallazgo de recursos, estos deben ser transferidos a empresas privadas en el plazo improrrogable de un año a partir del descubrimiento, mediante un llamado a licitación pública. O sea, una entrega express.

Resumiendo lo dicho en el párrafo anterior: la mayoría de las minas que se explotan actualmente en la Argentina fueron descubiertas por equipos técnicos del Estado y no por las corporaciones. Por eso, los capitales extranjeros que llegaron al país ya tenían ese trabajo servido y comenzaron a perforar con la confianza de que eran proyectos viables y que iban a contar con grandes beneficios. Tanto es así que los aspectos comerciales, tributarios y financieros que caracterizan al sector minero actual, garantizan al inversionista la libre transferencia de sus ganancias al exterior, la libre comercialización interna y externa, y la estabilidad fiscal de los emprendimientos por un período de 30 años, el plazo más amplio otorgado por los países de la región. Las mineras no pagan el impuesto al cheque, a los combustibles o a los sellos, y hasta están exentas de tasas municipales. Pero todo esto a Macri le pareció insuficiente, y por eso decidió eliminar el mínimo impuesto que las corporaciones debían pagar. Para darnos una dimensión real del impacto económico de la actividad, tomemos como referencia que en 2012, por ejemplo, las exportaciones de productos mineros superaron las ganancias generadas por la exportación de carne, algo inédito para nuestro país.

Mientras esto ocurre en la Argentina, ¿qué sucede en el resto del mundo? A nivel mundial está creciendo, poco a poco pero a paso firme, lo que las propias empresas mineras llaman con resentimiento el “nacionalismo de los recursos”. Los gobiernos, locales o nacionales, impulsan medidas para tener una mayor participación en las ganancias del sector, teniendo en cuenta la suba de la cotización de metales como el oro, la plata y el cobre en los últimos años. En Australia se impulsa un aumento de impuestos del 40% a las “superganancias” o “windfall taxes”  (ganancias inesperadas) de las empresas mineras. Y, según informa la agencia Bloomberg, la propuesta australiana podría contagiar a gobiernos como Brasil, Perú, Canadá, Sudáfrica e India. En Chile, país económicamente dependiente de la actividad minera, se envió un proyecto al Congreso para incrementar el impuesto de regalías mineras de un 4% (la tasa mínima actual) a un rango del 9%, que incluso luego se iría incrementando según los márgenes operacionales de las compañías y el precio internacional del cobre. Un informe del Banco Mundial ubica a la Argentina dentro del grupo de naciones donde las empresas pagan las tasas impositivas más bajas.

Nuestra historia económica ha mostrado, en infinidad de oportunidades, que reducir tributos no redunda en mayores inversiones y más puestos de trabajo, sino únicamente en mayores ganancias para el sector privado, más aún cuando se trata de empresas trasnacionales. Si bien las Pymes mineras son mayoría en el sector, su participación real es menor en el valor bruto de la producción y menos aún en las exportaciones. Se refuerza la matriz impositiva regresiva –dejando más en manos de quienes ya tienen mucho– y se desfinancia el Estado a cambio de promesas y expectativas de inversión: el gobierno concede estos beneficios sin asegurarse nada a cambio de lo que promete, ya sean inversiones, aumento de producción o más puestos de trabajo. Nuevamente nos encontramos ante una especie de “déjà vu” menemista, y no se puede esperar que semejante acontecimiento se traduzca en nada positivo para el desarrollo local.

Asimismo, debemos tener en cuenta que la minería se dirige a recursos finitos, no renovables, y por esto los impuestos tienen la función excepcional de compensar la descapitalización que sufre el país, ya que esos bienes que se obtienen de las entrañas de nuestro suelo son vendidos al exterior en la mayoría de los casos. Además, la minería a gran escala usualmente deja daños permanentes en el medioambiente que también requieren una compensación lógica e importante.

En estos tiempos, la Argentina es uno de los botines más preciados por las corporaciones de la minería. Ubicado en el sexto lugar de países con recursos mineros, y a pesar de que hay varias empresas trabajando en nuestro país, lo cierto es que nuestras reservas apenas han comenzado a ser explotadas en forma seria, y se estima que sólo se descubrió un 25% de las riquezas reales que guarda nuestro suelo. Nuestro territorio tiene todo lo que pueda desearse, desde gigantescas reservas de oro, plata y bronce, hasta cobre, carbón, zinc, manganeso, azufre, plomo, litio e incluso uranio, fundamental para la industria nuclear.

Por último, sepamos quién es el flamante Secretario de Minería nombrado por Mauricio Macri. Su nombre es Daniel Meilán, y fue ni más ni menos que el Secretario de Minería de Carlos Menem. A este funcionario lo secundan el radical Mario Capello, aliado de Barrick Gold y que se desempeñaba como Secretario del Colegio de Minas de San Juan, y el joven abogado Santiago Dondo, integrante de la Fundación Pensar, el think tank del PRO sospechado de haber sido ilegalmente financiado con fondos públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Melián y su equipo está enfocado en iniciar otros 500 proyectos mineros en el país, y significativamente muchos de ellos están ubicados en la provincia de Córdoba, uno de los pocos distritos que todavía se resiste a ser víctima de la contaminación que dejan las corporaciones.

Artículo publicado en el Periódico Bandera Nº 7 (Abril 2016)